fbpx

Malos resultados socialistas en la agricultura española

Comercio y Economía - enero 8, 2024

El 15 de junio, el Departamento de Políticas Estructurales y de Cohesión del Parlamento Europeo, grupo de reflexión de la Cámara, publicó un análisis comparativo de los planes estratégicos nacionales de la Política Agrícola Común (PAC) desde el punto de vista de su contribución a los objetivos climáticos de la Unión Europea.

De hecho, los Estados miembros se ven obligados a presentar sus respectivas estrategias hacia los objetivos ideológicos exigidos por el equipo de la Sra. von der Leyen, a pesar de que el ECR ha advertido en repetidas ocasiones de las tensiones, incoherencias, repercusiones negativas y fracasos finales que conlleva tal radicalismo ecológico tras el llamado «Pacto Verde» del Presidente de la Comisión Europea.

En el caso de España, el análisis refleja un preocupante deterioro de la posición de este Estado miembro respecto a la financiación de su sector primario, tras la gestión de la coalición de gobierno socialista y comunista de Pedro Sánchez. También indica deficiencias considerables en el plan estratégico nacional elaborado por el ejecutivo madrileño.

Ante el desastroso plan, el Vicepresidente del Partido ECR, Jorge Buxadé Villalba, preguntó a la Comisión por qué disminuye el porcentaje de financiación prevista mediante pagos directos a España en el periodo marco, en comparación con el gasto en el periodo 2015-2020.

Mediante carta de respuesta de 28 de septiembre, el Comisario Europeo de Agricultura, Janusz C. Wojciechowski, recordó que el importe total de los pagos directos disponibles para España en el sexenio 2015-2020 era de ca. 29.227 millones de euros, con una media anual de 4.871.320 millones de euros; mientras que el importe total de los pagos directos para los cinco años del periodo 2023-2027 asciende a 24.440 millones de euros, es decir, una media anual de 4.888.019 millones de euros. Por lo tanto, según el funcionario polaco, en realidad hay «un poco más alto» presupuesto de pagos directos por año en el nuevo período asignado a España.

Es difícil tomarse en serio esta respuesta. El «ligero» aumento del Comisario es del 0,3%, prácticamente marginal. Además, no incorpora la inflación. Además, se contradice explícitamente con la página 27 del análisis del Parlamento, que muestra un descenso del 2,5%, también sin contar la inflación. Tal vez el ex político del PiS tenga sus respuestas preparadas por algunos burócratas de Bruselas que deberían proteger la imagen profesional de su departamento con mayor consideración.

El Sr. Buxadé también señaló que la intensidad de financiación anual por hectárea en España, bajo el gobierno socialista, es la más baja de la Unión, junto con Letonia, Portugal y Rumanía. Esto no fue negado por el Comisario. Explicó que la intensidad depende de la decisión de los agricultores de participar, o no, en los regímenes ecológicos.

Vemos aquí un claro impacto negativo del Green Deal. Si los agricultores españoles no desean participar en estos regímenes ecológicos, se les permiten fondos inferiores. El Comisario intentó minimizar este efecto, añadiendo que la financiación de España está «muy cerca» de la de Francia, Croacia o Finlandia. Una vez más, recomendaríamos al Sr. Wojciechowski que se refiriera a la figura 7 de la página 29 del análisis del Parlamento, donde 24 de los 27 Estados miembros reciben una financiación superior a la asignada a los agricultores españoles debido a la deficiente política nacional socialista. En concreto, Francia, Croacia y Finlandia reciben entre 50 y 450 euros más por superficie agrícola utilizada.

Por último, el eurodiputado de VOX subrayó que el plan del actual Gobierno español muestra la menor protección de la calidad del agua de los Veintisiete. Una vez más, el Comisario conservador pareció justificar la actuación del Sr. Sánchez por un supuesto «enfoque combinado de herramientas de apoyo reglamentarias y voluntarias relacionadas con la gestión sostenible de plaguicidas y nutrientes». A pesar de la más que dudosa legitimidad de dicha política de plaguicidas, la Comisión hace referencia a una estrategia de regulación de las grandes explotaciones a partir del 1 de enero de 2024. Esperamos que tales propósitos de año nuevo por parte de su departamento den cuenta de un mejor rendimiento hídrico que el observado hasta ahora por el Parlamento, último de la clase.