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«Hay quien comete el error de llamar a esa idea “democracia” y pensar que cualquier país puede adoptarla simplemente celebrando elecciones».
En Civilisation: The West and the Rest (2011), el historiador británico Niall Ferguson planteó una reflexión que sigue siendo tan relevante hoy como lo era hace quince años: la democracia no se puede reducir al mero acto de votar. Celebrar elecciones es necesario, pero no suficiente para una democracia sólida. La democracia requiere un marco institucional que vaya más allá de las mayorías parlamentarias, un Estado de derecho que limite el poder político y una cultura política que reconozca que las instituciones no pertenecen a quienes, por casualidad, las gobiernan.
Esta reflexión cobra especial relevancia ahora que España se acerca a las elecciones generales del 29 de noviembre. El país acudirá a las urnas en un contexto de polarización política, pérdida de credibilidad institucional y creciente descontento social. Los escándalos de corrupción, los problemas para acceder a una vivienda y la incertidumbre sobre el futuro han alimentado una sensación generalizada de agotamiento político que va mucho más allá de la tradicional confrontación entre partidos. Sin embargo, corremos el riesgo de confundir la solución con un mero cambio de quienes ostentan el poder. La pregunta que deberíamos hacernos no es simplemente quién gobernará España durante los próximos cuatro años, sino qué visión para el país será capaz de reconstruir el consenso que hemos ido perdiendo poco a poco.
Miguel Ángel Quintanilla, diputado del Partido Popular español, ha hablado de tres divisiones en la sociedad española: entre generaciones, entre diferentes partes del país y entre grupos sociales. Creo que estos tres problemas ayudan a explicar por qué tantos españoles han perdido la confianza en la política.
Lo primero es la brecha generacional. Durante muchos años, las familias españolas creían que sus hijos tendrían una vida mejor que la suya. Nuestros padres trabajaron duro para que pudiéramos estudiar, encontrar buenos trabajos, comprarnos una casa y formar nuestras propias familias. Era una promesa sencilla, y una que ayudó a España a avanzar muchísimo en las últimas décadas. Hoy en día, cada vez cuesta más creer en esa promesa.
Los jóvenes españoles tienen más titulaciones que nunca. Muchos hablan varios idiomas y llevan años preparándose para el mercado laboral. Sin embargo, encontrar un trabajo estable, independizarse o comprarse un piso se ha convertido en todo un reto. En ciudades como Madrid y Barcelona, incluso alquilar un piso pequeño puede llevarse la mayor parte del sueldo de un joven.
Puede que seamos la generación con mejor formación que ha tenido España, pero también nos enfrentamos a la posibilidad de vivir peor que nuestros padres.
Esto tiene consecuencias que van más allá de la economía. Cuando los jóvenes sienten que trabajar duro ya no garantiza un futuro mejor, empiezan a perder la confianza en la política. Algunos pueden llegar incluso a perder la fe en la propia democracia. Eso debería preocuparnos a todos, independientemente del partido al que apoyemos.
La segunda fractura es territorial. España lleva ya demasiado tiempo sumida en un debate recurrente sobre su propia identidad, su organización política y la legitimidad de ciertos fundamentos de su orden constitucional. La cuestión territorial ha dejado de ser solo una discusión sobre las competencias transferidas o la financiación regional y, en ocasiones, se ha convertido en una disputa sobre la propia idea de España. Incluso instituciones como la monarquía, que forman parte del ordenamiento constitucional de 1978, vuelven periódicamente a estar en el centro de la polémica política.
Vale la pena recordar que la transición de España a la democracia no fue posible porque los españoles dejaran de lado sus diferencias, sino porque entendieron que ninguna de esas diferencias podía prevalecer sobre la necesidad de establecer un marco común para la convivencia. Ese ejercicio de reconciliación, a pesar de todas sus imperfecciones, ayudó a dar paso a uno de los períodos más largos de estabilidad democrática de nuestra historia. La pregunta es si seguimos dispuestos a mantener ese espíritu o si hemos aceptado que cualquier consenso deba subordinarse a los intereses políticos inmediatos de cada mayoría parlamentaria.
La tercera división es social. Cada vez es más difícil discrepar en temas políticos sin que la discusión se convierta en algo personal. A menudo se juzga a la gente por el partido al que vota, y a veces se trata a los oponentes políticos como enemigos en lugar de como conciudadanos.
Lo vemos en el Parlamento, en la tele, en las redes sociales e incluso en las charlas entre amigos y familiares. El debate político se ha vuelto tan conflictivo que encontrar puntos en común puede parecer casi imposible.
En respuesta a esto, quizá valga la pena recuperar la idea de un «hogar común» que en su día defendieron ciertas corrientes del pensamiento político conservador: un espacio político y social lo suficientemente amplio como para dar cabida a la disidencia sin renunciar a la posibilidad del consenso. La democracia no exige que todo el mundo piense igual, pero sí exige el reconocimiento de ciertos principios compartidos que ninguna mayoría temporal debería tener derecho a desmantelar.
Claro, ninguno de estos problemas empezó cuando Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno. Las dificultades de España se han ido acumulando a lo largo de muchos años, bajo gobiernos de distintos partidos. Aun así, el Gobierno actual debe asumir la responsabilidad de sus propias decisiones.
Los escándalos en los que se han visto envueltas personas vinculadas al Partido Socialista, junto con las disputas en torno a varias instituciones, han planteado serias dudas sobre la responsabilidad política y la confianza de la ciudadanía. Cualquier acusación de irregularidad debe resolverse mediante el proceso legal adecuado. Pero los políticos también tienen la responsabilidad de explicar sus acciones y mantener la confianza de la ciudadanía.
El próximo gobierno tendrá que abordar estas preocupaciones. Y aquí es donde cobra importancia la diferencia entre cambiar de gobierno y reconstruir las instituciones.
El próximo Gobierno también tendrá que responder a una pregunta sobre la Constitución de 1978. ¿Siguen creyendo los partidos políticos españoles en el sistema que hizo posible nuestra democracia? ¿Están dispuestos a defender sus principios básicos, incluso cuando esos principios les compliquen sus planes políticos?
No creo que defender la Constitución signifique oponerse a todas las reformas. España ha cambiado mucho desde 1978, y sus instituciones deberían poder adaptarse. Pero hay una diferencia entre mejorar un sistema e intentar cambiarlo todo simplemente porque no estamos de acuerdo con quienes están ahora en el poder.
Los partidos políticos deberían explicar cómo piensan abordar estos problemas. Prometer cambios es fácil durante una campaña electoral. Explicar cómo se va a producir ese cambio y qué están dispuestos a hacer de forma diferente los políticos una vez que estén en el cargo es mucho más difícil.
Por eso creo que las elecciones del 29 de noviembre deberían ir más allá de decidir quién será el próximo primer ministro.
Puede que España esté entrando en una nueva etapa de cambios. No lo compararía directamente con la transición democrática de los años 70, pero sí creo que nos encontramos ante un momento en el que tenemos que preguntarnos qué tipo de país queremos ser.
Nuestros padres y abuelos ayudaron a construir una España democrática. Vivieron en un país que cambió muchísimo en un periodo de tiempo relativamente corto. Mi generación ha heredado los beneficios de ese progreso, pero también una serie de problemas que siguen sin resolverse.
No deberíamos tener que elegir entre defender lo que lograron las generaciones anteriores y reconocer que algunas cosas tienen que cambiar. Ambas cosas son posibles.
Durante demasiado tiempo, la política española se ha centrado en quién debería ser destituido del poder. Dedicamos mucho menos tiempo a hablar de lo que debería pasar después.
El próximo Gobierno tendrá que hacer algo más que ganar unas elecciones. Tendrá que decidir hacia dónde debe dirigirse España, qué hay que cambiar y qué aspectos de nuestra democracia merece la pena proteger.
Dídac Sánchez