Antes de Londres y Filadelfia, estaba Salamanca

En el Día de la Hispanidad, recuperar el patrimonio intelectual de España significa redescubrir un principio que Occidente necesita urgentemente: el poder debe rendir cuentas ante la justicia.

Cada 12 de octubre, España y todo el mundo hispano se enfrentan a un debate ya conocido sobre su pasado. Para algunos, el Día de la Hispanidad es una ocasión para dar las gracias: una celebración de una civilización que unió continentes, fundó ciudades y universidades, y creó una comunidad duradera de lengua, fe y cultura. Para otros, es una invitación a volver a hablar de las injusticias de la conquista. Con demasiada frecuencia, el debate se convierte en una disyuntiva entre la celebración acrítica y la condena indiscriminada. Ambos enfoques dejan sin explorar algo esencial: la tradición intelectual a través de la cual la civilización hispánica examinó su propio poder.

Este año nos ofrece una oportunidad especialmente adecuada para recuperar esa tradición. En 2026 se cumplen quinientos años desde que Francisco de Vitoria ocupó su cátedra en la Universidad de Salamanca, hito en torno al cual se celebra el aniversario de la Escuela de Salamanca. En un momento en el que Occidente parece cada vez más inseguro sobre su identidad y sus principios, este legado se merece algo más que una simple conmemoración académica. Se merece un lugar en nuestros debates públicos sobre la libertad, la soberanía y el ejercicio legítimo de la autoridad.

La genealogía convencional del pensamiento político occidental va desde Jerusalén, Atenas y Roma hasta Londres y Filadelfia. Es una narrativa poderosa, pero incompleta. Antes de Londres y Filadelfia, estaba Salamanca. Reconocer esto no significa restar mérito a los logros de la tradición constitucional inglesa ni a la fundación de Estados Unidos. Implica reconocer que Occidente se desarrolló a través de varias tradiciones interrelacionadas, y que la contribución hispánica no se puede reducir a la exploración, la conquista o la administración del imperio. España también ayudó a plantear las preguntas con las que se juzgaría el poder político.

Los pensadores vinculados a Salamanca formaban parte de una renovación más amplia del pensamiento escolástico que se enfrentaba al mundo moderno que estaba surgiendo. Sus preocupaciones eran muy concretas: el comercio entre continentes, los cambios monetarios, los impuestos, la guerra y el encuentro con pueblos más allá de la cristiandad. La teología no era una forma de eludir estos problemas. Proporcionaba el marco a través del cual los analizaban. Partían de la idea de que la acción humana, incluida la de los gobernantes, seguía estando sujeta a un orden moral objetivo. Ni el éxito político ni la fuerza material podían determinar, por sí solos, que una acción fuera justa.

Su pregunta principal era tremendamente sencilla: ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho una persona gobierna a otra? ¿Con qué derecho un príncipe recauda impuestos, libra guerras o reclama el dominio sobre un pueblo lejano? Esas preguntas resultaban incómodas precisamente porque negaban a los gobernantes la comodidad de considerar que el mero hecho de poseer el poder fuera justificación suficiente para ejercerlo. Exigían una explicación de la autoridad política: de dónde venía, a qué fines servía y qué obligaciones la limitaban. Esa exigencia sigue siendo fundamental para cualquier civilización que quiera distinguir el gobierno de la dominación.

Dentro de esta tradición, la comunidad política era más que un conjunto de individuos aislados, y el gobierno era más que un instrumento de la voluntad del gobernante. Pensadores como Francisco Suárez situaban la autoridad política dentro de la comunidad y entendían que se le confería al gobernante a través de acuerdos humanos. Sus argumentos se basaban en el derecho natural y en una visión cristiana de la vida social. No deberíamos convertirlos, a posteriori, en demócratas liberales contemporáneos. Pero tampoco deberíamos pasar por alto su contribución a la idea de que la autoridad política requiere una justificación y de que ningún gobernante posee un derecho natural ilimitado a mandar.

Juan de Mariana expresó esta preocupación de forma especialmente contundente. Sus reflexiones sobre la monarquía abordaban las virtudes que debía tener un gobernante y los peligros de la tiranía. La distinción entre gobernar una comunidad política y tratarla como si fuera de su propiedad era clave. Un rey no podía limitarse a considerar las posesiones de sus súbditos como una extensión de su tesorería. Tampoco podía el cargo público hacer caso omiso de las exigencias de la justicia. La relevancia de esto queda clara cada vez que los gobiernos tratan las instituciones como posesiones partidistas, los recursos públicos como instrumentos de beneficio personal o la victoria electoral como un permiso para eliminar cualquier obstáculo que se interponga en sus ambiciones.

Aquí también hay una lección sobre la libertad. Para estos pensadores, la libertad no se podía entender bien como la mera ausencia de restricciones. Formaba parte de una visión del desarrollo humano, la responsabilidad y el bien común. La libertad de una persona importaba porque los seres humanos eran capaces de actuar de forma racional y moral. Por lo tanto, la libertad conllevaba obligaciones, al igual que la autoridad. Esta es una herencia que los conservadores deberían tomarse en serio. Una sociedad libre depende de ciudadanos capaces de ejercer su criterio y asumir sus deberes, junto con instituciones capaces de evitar el abuso de poder.

Las implicaciones internacionales fueron igual de importantes. El análisis de Vitoria sobre la presencia de España en las Américas cuestionó la idea de que las diferencias religiosas privaran a los pueblos indígenas de su legítima posesión o de su estatus político. Sus argumentos también incluían afirmaciones que siguen siendo objeto de debate, y hay que interpretarlos teniendo en cuenta su complejidad histórica. No obstante, su reconocimiento de que los pueblos no cristianos podían ejercer un dominio legítimo supuso un freno considerable a la ambición imperial. La diferencia no hacía que los bienes de otro pueblo quedaran sin dueño. La fuerza superior no zanjaba la cuestión de la autoridad legítima.

El Debate de Valladolid, celebrado en 1550 y 1551, convirtió la legitimidad de la conquista en un enfrentamiento entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. No hay que convertirlo en una obra moralizante que sirva de consuelo. El historial imperial de España contenía injusticias, y el mero hecho de que hubiera un debate no las evitó automáticamente. Tampoco se llegó a una conclusión inequívoca que resolviera los problemas morales del imperio. Su importancia radica en que la justificación de la conducta imperial pudiera convertirse, en sí misma, en un tema de análisis dentro de las instituciones y la vida intelectual de la potencia imperial.

Esa distinción es importante para el Día de la Hispanidad. Un patriotismo maduro es capaz de reconocer tanto los logros como las faltas, porque cuenta con criterios para distinguirlos. No tiene por qué fingir que todas las acciones de tu país han sido honorables. Del mismo modo, tampoco tiene por qué aceptar que las faltas invaliden todo el legado de una civilización. La tradición hispánica dio lugar a argumentos capaces de juzgar la conducta de los propios gobernantes hispanos. Recuperar esos argumentos es un acto de fidelidad a ese legado. Nos pide que conservemos su capacidad de juicio moral, incluso cuando ese juicio resulte incómodo.

Este inconveniente se hace especialmente patente en la geopolítica. Toda gran potencia se enfrenta a la tentación de confundir su capacidad para conseguir un resultado con su derecho a hacerlo. La superioridad militar, la influencia financiera y la ventaja tecnológica pueden hacer que esa confusión parezca práctica, incluso inevitable. Pero una civilización renuncia a algo esencial cuando acepta que la justicia no es más que el reflejo de las preferencias de los más fuertes. La pregunta de Salamanca rompe con esta lógica. Puede que un gobierno sea capaz de intervenir, intimidar u obligar. Aun así, debe explicar los motivos de su actuación y los límites que reconoce.

Este principio debería ser especialmente importante para los conservadores que quieren defender Occidente. No podemos defender de forma creíble el gobierno constitucional en nuestro país mientras consideramos que el poder arbitrario en el extranjero es admirable siempre que beneficie a un Estado amigo. Tampoco podemos insistir en que nuestros oponentes respeten la soberanía mientras consideramos que la soberanía de los países más débiles es prescindible. La coherencia no implica fingir que todos los regímenes son moralmente equivalentes. Implica aceptar que nuestros propios juicios deben basarse en principios que nos obligan tanto a nosotros como a los demás. De lo contrario, el discurso de la civilización se convierte en un mero acompañamiento retórico del poder.

La misma obligación se aplica dentro de las fronteras nacionales. Unas elecciones otorgan la autoridad para gobernar en el marco de un orden constitucional ya existente. No transfieren la propiedad del Estado al partido ganador. Las asambleas legislativas, los tribunales y las instituciones públicas tienen fines que van más allá de los intereses inmediatos de quienes ocupan los cargos. Los conservadores entienden la importancia de las instituciones heredadas porque estas encarnan la experiencia, reparten la responsabilidad y frenan la ambición. Por eso, deberían estar especialmente atentos cuando los líderes presentan los límites institucionales como obstáculos ilegítimos, simplemente porque esos límites les impiden conseguir todo lo que quieren.

Detrás de estas restricciones se esconde una pregunta más profunda: ¿por qué debería el poder reconocer un límite que puede eludir con éxito? La tradición cristiana de la ley natural ofrecía una respuesta basada en la naturaleza y la dignidad de la persona humana. Tanto los gobernantes como los gobernados formaban parte de un orden moral que no habían creado ellos mismos. El cargo político no podía eximir a quien lo ocupaba de ese orden. Hoy en día, hay quien discrepa sobre ese fundamento, pero el problema subyacente sigue ahí. Los derechos universales se vuelven precarios cuando su autoridad depende por completo de las preferencias cambiantes de los gobiernos, las mayorías o las instituciones internacionales.

El Día de la Hispanidad debería, por tanto, ser una oportunidad para un ejercicio de recuperación intelectual. Las universidades, los juristas y los teólogos del mundo hispánico forman parte de la visión que Occidente tiene de sí mismo, junto con sus otras grandes tradiciones. Su trabajo ofrece recursos para analizar la fiscalidad, el consentimiento político, la guerra y las obligaciones del gobierno. Cinco siglos después de que Vitoria llegara a Salamanca, ese legado sigue siendo exigente. Exige a los gobernantes que justifiquen sus decisiones, a los ciudadanos que ejerzan la libertad de forma responsable y a las naciones que se juzguen a sí mismas según criterios más elevados que el mero éxito. Honrar la Hispanidad el 12 de octubre es aceptar esa exigencia: el poder debe rendir cuentas ante la justicia.