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Las fuerzas de izquierda en el poder luchan por implantar un nuevo orden totalmente proinmigración. Un tema muy delicado, con los efectos más peligrosos para la sociedad, se está introduciendo insistentemente en la agenda pública estos días en España y Francia. La concesión del derecho de voto en las elecciones nacionales a los inmigrantes de fuera de la Unión Europea está siendo promovida con celo por radicales que se autodenominan progresistas, ferozmente hostiles a todo lo que represente identidad, soberanía o normalidad.
Por un lado, Francia. Tras una votación favorable en comisión parlamentaria hace unos días, la Asamblea Nacional, cámara baja del Parlamento francés, debatirá y votará un proyecto de ley que permitiría el derecho de voto a las personas de fuera de la Unión Europea. Así, los ciudadanos extracomunitarios residentes en Francia podrían obtener el derecho a elegir, pero también a ser elegidos en las próximas elecciones. Los días 15 y 22 de marzo se celebrarán elecciones municipales en Francia, y hay mucho en juego. Los principales beneficiarios son, como era de esperar, los musulmanes residentes en Francia, que estarán muy motivados, por un lado, para votar a quienes les acojan con los brazos abiertos y, por otro, incluso para presentarse como candidatos en los próximos ayuntamientos.
Si el Parlamento la aprueba, esta ley constitucional, que también requiere un referéndum para entrar en vigor, podría inclinar la balanza a favor de los candidatos de los partidos de centro-izquierda y de izquierda radical. Es decir, precisamente aquellos que abogan por la «diversidad» y la «integración» y que, tras las elecciones, seguirán recompensando a sus votantes con nuevos derechos y privilegios, aunque la presencia de algunos de ellos en la sociedad sea una amenaza constante para la seguridad pública.
Si dicha ley entra en vigor, será una victoria para quienes pretenden sustituir a la población francesa por no franceses, o al menos convertir a la mayoría en minoría. Pero la batalla aún está lejos de estar perdida.
En la vecina España, 2026 también ha tenido un comienzo terrible. Tras el real decreto que legalizará a cientos de miles de inmigrantes en los próximos meses, la extrema izquierda exige que se conceda el derecho de voto a los «invitados» extranjeros. Y luego la ciudadanía, como era de esperar. Mientras la izquierda antinacional siga en el poder, es sólo cuestión de tiempo que se alcancen estos objetivos.
En los últimos días, una de las principales figuras de la extrema izquierda, Irene Montero, en estado de hiperventilación, exigió nada menos que la sustitución de «fascistas» y «racistas» por inmigrantes que van a ser nacionalizados y a los que la ex ministra de Igualdad considera mucho más aptos que los españoles para vivir en suelo español. De hecho, el verdadero racista es el que grita «racistas». Y de los gritos de la Sra. Montero se hace eco el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha declarado rotundamente que los inmigrantes deben tener derecho a votar en las próximas elecciones parlamentarias. Es decir, el año que viene. El objetivo de Sánchez y de sus socios neocomunistas es casi explícito: permanecer en el poder a cualquier precio. Independientemente de lo que quiera el pueblo español, es decir, los «racistas» a los que se refiere Irene Montero, e independientemente de que esto signifique una España irreconocible.
Lo que está ocurriendo en Francia y España tendrá sin duda un efecto contagioso. La regularización masiva de inmigrantes, el derecho de voto y (en última instancia) la ciudadanía son puntos clave en la agenda para destruir el mundo desde dentro. Aunque ahora no tengan éxito, lo intentarán una y otra vez.
Lo que algunos llaman «igualdad de derechos» no es más que una herramienta para forzar la aplicación de políticas favorables a la inmigración. Lo que algunos llaman «progreso» no es en absoluto un paso adelante, una evolución hacia una mejor sino un menoscabo de la identidad, la sociedad y el interés nacional.