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– La crisis demográfica de Europa no es solo una cuestión de números. Es una crisis cultural, económica y política que pone en juego el futuro mismo del continente. Ese fue el mensaje que se desprendió de la mesa redonda «Familia, libertad y el futuro de Europa», que cerró la sesión de la tarde del III Congreso Europeo sobre la Familia, organizado por el partido ECR en Dubrovnik. Políticos y representantes de organizaciones conservadoras internacionales hablaron sobre las tasas de natalidad, el empleo, la vivienda, la identidad cristiana y la migración, comparando las experiencias de Polonia, Rumanía, Italia, Hungría y Estados Unidos.
La reunión la inauguró Antonio Giordano, diputado del Parlamento italiano y secretario general del partido ECR, quien describió el debate de clausura como «sin duda igual de importante» que las mesas redondas anteriores y destacó el prestigio internacional de los invitados. El debate lo moderó Zsófia Bódi-Rácz, directora de Comunicación del Danube Institute, un centro de estudios con sede en Budapest. Su pregunta inicial marcó el tono del debate: ante la caída de la natalidad, ¿por qué parece que la Unión Europea recurre a la inmigración en lugar de hacer más para apoyar a las familias y a los ciudadanos europeos?
El primero en responder fue Adam Bielan, eurodiputado polaco, jefe de la delegación polaca en el Parlamento Europeo y miembro del partido Ley y Justicia. «Europa no solo se enfrenta a una crisis demográfica, sino a una crisis demográfica y cultural al mismo tiempo», afirmó. Bielan recordó el programa «500+», que luego se amplió a «800+», puesto en marcha por el Gobierno conservador de Polonia para apoyar a las familias. En su fase inicial, la medida ayudó a que el número de nacimientos aumentara un 6 %. Sin embargo, reconoció que el dinero por sí solo no basta. También se necesitan viviendas asequibles, salarios adecuados y oportunidades para los jóvenes. De ahí su defensa de la exención del impuesto sobre la renta de las personas físicas para los menores de veintiséis años y sus críticas al Pacto Verde y al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión: sin industria, crecimiento y empleo, argumentó Bielan, no puede haber una política demográfica eficaz.
Para Bielan, la renovación también tiene que ser cultural. El cristianismo, recordó, tuvo un papel decisivo en la historia de Polonia y en su resistencia al comunismo. Sin embargo, después de 1989, el país se vio inundado de ideas liberales occidentales «de la peor manera posible», perdiendo algunos de sus puntos de referencia tradicionales. En su opinión, la victoria presidencial de Karol Nawrocki supone una señal del regreso de los valores conservadores.
George Simion, vicepresidente ejecutivo del partido ECR y presidente de la AUR (Alianza para la Unión de los Rumanos), centró el debate en la libertad política y la soberanía nacional. Según el líder rumano, Europa aplica «un claro doble rasero» a la hora de juzgar a los gobiernos conservadores: las políticas familiares del gobierno polaco de Ley y Justicia y del gobierno de Viktor Orbán en Hungría fueron atacadas junto con las administraciones que las promovían. «¿Por qué les da miedo la democracia, volver a las urnas y respetar el voto de la gente?», preguntó, denunciando la presión contra los partidos soberanistas.
Sobre la relación entre las tasas de natalidad y la migración, Simion adoptó la postura más intransigente del panel: «No necesitamos ningún tipo de migración. Tenemos que proteger a nuestros hijos, a nuestros ciudadanos, nuestra civilización y nuestras raíces cristianas». El presidente de la AUR distinguió a los emigrantes rumanos —a quienes describió como personas integradas en sus países de acogida y con ganas de volver a casa— de la inmigración ilegal, que «hay que detener». También reconoció que el Gobierno de Meloni ha avanzado en la lucha contra la migración irregular y señaló que 2029, el año de las próximas elecciones europeas, será la oportunidad decisiva para construir una nueva mayoría continental.
Brian Brown, presidente de la Organización Internacional para la Familia, una red internacional dedicada a defender la familia natural, aportó una perspectiva desde Estados Unidos. Brown cuestionó el argumento de que la secularización sea un proceso irreversible, señalando que las comunidades más religiosas del mundo son también las que tienen más hijos. «Si los conservadores nos unimos, podemos hacer frente a esta situación juntos», afirmó. Para Brown, Europa y América forman parte de la misma civilización y no pueden aceptar que la inmigración masiva se presente como una solución automática al descenso de la natalidad.
Su argumento se centró sobre todo en el significado de la libertad. La libertad conservadora, explicó, existe dentro de una sociedad ordenada y no significa la ausencia de todo límite. Por lo tanto, el Estado puede recurrir a los impuestos y a otros instrumentos para fomentar decisiones que beneficien al bien común sin imponer cuántos hijos deben tener los ciudadanos. «La familia es una institución primordial. Es anterior tanto al Estado como al mercado», dijo Brown. Es en el seno de la familia donde se transmiten los valores, donde la gente aprende que no todo lo que ofrece el mercado tiene el mismo valor y donde se evita que el Estado se convierta en algo absoluto. «El Estado no puede sustituir a un padre ni a una madre».
Tina Mercep, secretaria general y directora ejecutiva de la Unión Internacional para la Democracia, una organización mundial que agrupa a más de ochenta partidos de centro-derecha de más de sesenta países, aportó una perspectiva comparativa. Mencionó a Mongolia y Kazajistán como países en los que se había revertido el descenso de la natalidad, en parte gracias a un cambio en la imagen pública de la maternidad y la paternidad. «La respuesta está en la cultura, no solo en el dinero», afirmó. Demostrar que una mujer puede ser a la vez madre y diputada, moderadora o primera ministra significa recuperar la visibilidad social de la paternidad y la maternidad, argumentó Mercep.
Pero, además de la cultura, está la vivienda. Mercep señaló que es poco probable que una pareja joven que vive en un piso de treinta y siete metros cuadrados en la planta quince pueda plantearse tener una familia numerosa. Para que las políticas demográficas tengan continuidad, este tema debe dejar de ser una cuestión marginal de los ministerios de Asuntos Sociales y convertirse en un punto fijo en la agenda de los jefes de Gobierno: «La demografía es una cuestión económica. Es una cuestión de seguridad. Es una cuestión de defensa». En su mensaje final a los jóvenes, la responsable croata les animó a no ocultar su identidad cristiana ni a dejar que los medios de comunicación y las modas del momento les alejen de los valores con los que se les ha educado.
La perspectiva italiana la presentó Carlo Fidanza, eurodiputado de Fratelli d’Italia y vicepresidente ejecutivo del grupo ECR. Fidanza defendió la estabilidad del Gobierno de Meloni y las medidas adoptadas para fomentar la natalidad y el empleo femenino, recordando que se han creado 1,3 millones de puestos de trabajo desde que el Gobierno asumió el cargo. Cada puesto de trabajo adicional que ocupa una mujer, argumentó, representa un elemento de libertad, porque ninguna mujer debería verse obligada a elegir entre la maternidad y el trabajo.
Sin embargo, los resultados en cuanto a las tasas de natalidad aún no han estado a la altura de la magnitud de la inversión. La conclusión de Fidanza fue que el reto es, ante todo, cultural: «La política familiar no es un gasto; es una inversión. Cada euro que se gasta en política familiar es una inversión en el futuro de nuestra civilización». Por eso, las normas fiscales europeas no deberían tratar el gasto destinado a apoyar a las familias como si fuera gasto público normal. La inmigración, añadió, solo puede tener un papel cuando es «limitada, regulada y basada en las competencias», pero no puede convertirse en la alternativa a la recuperación de la tasa de natalidad en Europa.
En su segunda intervención, Fidanza relacionó el descenso demográfico con la desindustrialización provocada por una regulación excesiva y por los requisitos del Pacto Verde impuestos a las empresas europeas, mientras que el mercado sigue abierto a competidores que no se enfrentan a las mismas limitaciones. Sin un crecimiento económico ni unos sueldos que ofrezcan seguridad, los jóvenes retrasan el momento de independizarse y formar una familia. El Gobierno italiano también tiene la intención de abordar este problema mediante un plan nacional para poner a disposición más de 100 000 viviendas a precios regulados, destinadas principalmente a los jóvenes y a las familias.
Fidanza también habló del acceso de los extranjeros a las prestaciones sociales y criticó las interpretaciones de los tribunales europeos que dificultan la introducción de requisitos de residencia más largos. Según él, los recursos deberían dar prioridad a los ciudadanos y a los extranjeros que residen legalmente, están integrados y apuestan por un futuro estable en el país. Por eso, mencionó la iniciativa impulsada por Giorgia Meloni y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, para revisar la interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos en los casos relacionados con la migración.
Mercep también volvió a hablar de la migración, citando la postura de la líder conservadora británica Kemi Badenoch sobre su dimensión cultural: una cultura que acepta el matrimonio infantil o la violencia contra las mujeres, señaló, no puede considerarse equivalente a otra que los rechaza.
Antes de terminar, Zsófia Bódi-Rácz invitó al escenario a Valeria, una joven participante que había colaborado en un trabajo de investigación sobre el tema. Su pregunta —cómo se puede animar a los jóvenes a tener hijos sin perder sus tradiciones, su estilo de vida y sus valores familiares— volvió a centrar el debate en la generación que tendrá que lidiar con las consecuencias del invierno demográfico. La moderadora concluyó con el principio en el que se basa la política familiar húngara: «Queremos que nazca cada hijo deseado», y construir una Europa en la que la gente vuelva a desear tener hijos.
El debate de Dubrovnik no ofreció una fórmula única. Sin embargo, sí estableció un orden de prioridades común: empleo estable, vivienda asequible, una fiscalidad favorable, la defensa de la identidad y políticas capaces de sobrevivir a los cambios de gobierno. Y, sobre todo, rechazó la idea de que el declive sea inevitable o de que Europa pueda simplemente sustituir a las generaciones que ya no nacen mediante la inmigración. Para los conservadores reunidos por el ECR, la renovación demográfica empieza cuando la familia vuelva a considerarse no como un vestigio del pasado, sino como la infraestructura esencial del futuro de Europa.