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Si los Estados europeos estuvieran realmente preocupados por la seguridad y el bienestar de sus propios ciudadanos, la inmigración ilegal se trataría con prontitud y decisión, en lugar de mediante supuestos pactos burocráticos, eufemismos y amenazas. Hay mucha retórica y muy poca determinación para hacer lo que hay que hacer para luchar de verdad contra las avalanchas de inmigrantes que siguen llegando.
No es difícil predecir lo que nos depara el futuro si los responsables de la toma de decisiones siguen eligiendo la retórica de la «solidaridad y la inclusión» entre esos «valores supremos» de la UE, en lugar de un plan realista para restaurar el orden y salvar la civilización europea. Nuestra propia supervivencia está en juego.
Mientras cada vez más países buscan exenciones o denuncian abiertamente el Pacto sobre Migración y Asilo en relación con las cuotas de redistribución de migrantes o las llamadas contribuciones (financieras, por supuesto), la Comisión Europea ha anunciado nuevos pasos hacia la aplicación efectiva del Pacto a partir de junio de 2026.
Hace unos días, la Comisión lanzó con orgullo el primer «Ciclo anual de gestión de la migración», que incluye una visión general y los retos a los que se enfrentan los Estados miembros, así como una propuesta de reserva anual de solidaridad. Un paso «esencial», según la Comisión, hacia la aplicación «efectiva» del Pacto. También se ha publicado el primer informe anual, que abarca de junio de 2024 a junio de 2025, según el cual las entradas ilegales en la UE han disminuido un tercio gracias a la mayor cooperación entre los Estados miembros. Las estadísticas son, por tanto, alentadoras.
Oímos hablar de «solidaridad» y «responsabilidad» en casi todas las situaciones en las que se hace referencia al conjunto de normas que deben regir las llegadas de los emigrantes a la UE. Una «solidaridad» y una «responsabilidad» que se imponen a los Estados miembros.
Más allá de la retórica, éste es el asunto. Polonia, Hungría, Eslovaquia y la República Checa han dicho repetidamente que no van a apoyar el sistema de cuotas, impulsar la redistribución ni pagar un solo euro por los inmigrantes sólo por «solidaridad». Estos países no han ocultado su postura crítica hacia el Pacto, que consideran una amenaza importante e inmediata para la seguridad de sus propios ciudadanos.
Polonia y la República Checa, a las que se unirán al menos otros cuatro países -Austria, Bulgaria, Croacia y Estonia-, preguntarán al Consejo de la UE, donde se requerirá un voto por mayoría cualificada para que obtengan la exención del «fondo de solidaridad». Queda por ver hasta qué punto es realista creer que sólo algunos países podrán obtener exenciones, mientras que a otros se les denegarán y seguirán sujetos al programa obligatorio de «solidaridad».
Mientras los países de la UE intentan escapar de un pacto que no desean, el gobierno laborista del Reino Unido, enfrentado a una inmensa presión política, está adoptando medidas más duras contra los inmigrantes en su territorio, algo que hasta hace poco hubiera sido impensable para un gobierno de izquierdas. Si hasta ahora la izquierda los recibía con los brazos abiertos, ahora parece esforzarse por disuadirlos de quedarse demasiado tiempo. La reforma del sistema de inmigración incluye reducir a la mitad la duración de la estancia, de cinco años a dos años y medio, y multiplicar por cuatro el tiempo necesario para obtener el estatuto de residente permanente, de cinco a veinte años. Otra medida es la eliminación del acceso automático a la asistencia social para los solicitantes de asilo que se nieguen a trabajar aunque puedan hacerlo, y para los que cometan delitos. Nada demasiado duro, podríamos añadir.
Ningún pacto ni ninguna reforma pueden funcionar a menos que se elimine la causa de este cáncer que se extiende. La inmigración ilegal no puede gestionarse plenamente a menos que se detenga en su origen. Trasladar a los emigrantes de un país a otro, creyendo que así se aliviará la presión, y penalizar económicamente a los Estados que se nieguen a participar en esta locura no conducirá a una lucha eficaz contra esta lacra. La verdadera solidaridad que necesitan los Estados miembros es luchar contra el mal con medidas que tengan un profundo efecto a largo plazo, no con políticas paliativas.