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El Ministerio de Medio Ambiente de Rumanía ha presentado un nuevo y amplio proyecto de ley destinado a transponer la Directiva (UE) 2024/1203 sobre la protección del medio ambiente a través del derecho penal, pero la propuesta ha desatado una tormenta política por su posible impacto en los agricultores y los hogares rurales.
El 11 de abril de 2024, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la Directiva (UE) 2024/1203, que deroga dos directivas anteriores y establece normas mínimas para la definición de los delitos medioambientales y las sanciones en toda la UE. Obliga a los Estados miembros a tipificar como delito los daños graves al medio ambiente, desde el tráfico ilegal de residuos hasta la extracción no autorizada de agua, y a garantizar que las sanciones sean lo suficientemente severas como para disuadir de verdad a los grandes contaminadores, en lugar de tratar el daño medioambiental como un pequeño coste más de hacer negocios. La directiva entró en vigor el 20 de mayo de 2024, lo que da a Rumanía y a otros Estados miembros un plazo para transponer sus disposiciones a la legislación nacional.
El proyecto de ley ómnibus de Rumanía va mucho más allá de un simple «copiar y pegar» del texto de Bruselas. Reescribe el artículo 98 de la Ordenanza de Emergencia 195/2005 sobre protección del medio ambiente, añadiendo ocho artículos totalmente nuevos repletos de definiciones detalladas, al tiempo que modifica la ordenanza sobre residuos, la Ley del Agua de 1996 y la legislación relativa a las perforaciones marítimas, las actividades nucleares, los espacios naturales protegidos, la silvicultura y los gases fluorados. El objetivo declarado es claro: endurecer las sanciones por delitos medioambientales graves mediante un sistema gradual vinculado a la magnitud del daño realmente causado.
En el centro de la polémica está un nuevo delito: la captación ilegal de agua. El proyecto de ley añade una definición al anexo de la Ley del Agua que describe la «captación de agua» como cualquier extracción, toma o desvío controlado de agua a través de pozos, desagües u otros medios técnicos, con fines de consumo humano, riego, uso industrial, producción de energía, agricultura u otros fines económicos o sociales. El artículo 95¹ tipifica como delito la captación de aguas superficiales o subterráneas que incumpla los requisitos legales cuando el acto sea «susceptible» de causar daños significativos al estado ecológico o cuantitativo de una masa de agua, con penas que van de uno a cinco años de cárcel. Si se producen daños significativos reales, la pena pasa a ser de dos a siete años; si los daños resultan generalizados, irreversibles o duraderos, las penas aumentan a entre tres y diez años.
El problema legal no es la intención, sino la redacción. Términos como «daño significativo», «susceptible de causar daño», «a gran escala» y «cantidad que no se puede pasar por alto» son intrínsecamente subjetivos, ya que se basan en informes de expertos y en la discrecionalidad de la fiscalía o de los jueces, en lugar de en umbrales fijos y objetivos. Como el delito se tipifica como un delito de peligro —lo que significa que no hace falta que se produzca un daño real, sino que basta con la posibilidad de que ocurra—, el umbral para iniciar una investigación penal es inusualmente bajo. Si a esto le sumas que las tentativas de infracción son punibles en la mayoría de los casos, que los permisos obtenidos mediante fraude o corrupción no eximen a nadie de responsabilidad, y que los ciudadanos rumanos pueden ser procesados por actos cometidos en el extranjero incluso cuando esos actos no sean delitos allí, el proyecto de ley empieza a parecer más un campo minado legal que un instrumento de precisión. Para los rumanos de a pie, sobre todo en las zonas rurales que ya sufren escasez de agua, el miedo es real: los agricultores que usan pozos no autorizados para el riego, o los hogares con pozos ampliados, podrían, en teoría, entrar en la definición de «captación controlada» incluso sin causar ningún daño ecológico real.
Ahí fue precisamente donde se caldearon los ánimos. La ministra de Medio Ambiente en funciones, Diana Buzoianu, se opuso con firmeza a lo que calificó de campaña de desinformación, insistiendo en que el proyecto de ley no cambia nada en lo que respecta a los pozos domésticos. Señaló que el uso del agua de pozo para beber, dar de beber a los animales, regar y cubrir las necesidades domésticas generales hasta un máximo de 17 metros cúbicos al día, sin contadores ni tasas, sigue estando totalmente protegido por la Ley del Agua vigente, y que en estos casos también se pueden usar bombas de forma legal. Según Buzoianu, el nuevo delito de captación de agua se dirige específicamente a las operaciones ilegales a escala industrial que han dejado secos pueblos enteros, no a los huertos familiares ni a los abrevaderos del ganado. También ha prometido añadir una referencia explícita a la Ley del Agua dentro del propio proyecto de ley para eliminar cualquier ambigüedad.
Pero los críticos, entre ellos algunos comentaristas muy activos que llevan siguiendo las declaraciones públicas de Buzoianu desde 2024, sostienen que las promesas de aclaración no son lo mismo que el texto legal. El borrador actual, tal y como se ha publicado para consulta pública, no incluye una excepción explícita para el uso del agua a pequeña escala o de subsistencia, sino que simplemente se basa en el principio general del artículo 9 de la Ley del Agua, según el cual se permite el uso doméstico gratuito. La verdadera pregunta es si eso basta para proteger a un agricultor de un fiscal demasiado celoso que interprete de forma amplia el concepto de «captación controlada», y es algo que las garantías del ministro no han logrado aclarar del todo para los escépticos.
El agua no es el único punto conflictivo. El proyecto de ley también tipifica como delito la producción, el suministro o el uso de fertilizantes químicos y productos fitosanitarios no autorizados en cultivos destinados a la venta, lo cual se castiga con penas de uno a cinco años cuando provoque la muerte, lesiones graves o daños medioambientales significativos. El almacenamiento inadecuado de plaguicidas y las infracciones de las prohibiciones de uso en terrenos agrícolas se castigan con las mismas penas. Como muchas explotaciones agrícolas rumanas pequeñas y medianas recurren a veces a productos no registrados o carecen de una infraestructura de almacenamiento adecuada por problemas de presupuesto, los defensores del sector agrícola advierten de que esto podría convertir las dificultades económicas habituales en antecedentes penales.
No se puede negar que el proyecto de ley aborda un problema real: Rumanía lleva tiempo luchando contra la extracción ilegal de agua a escala industrial y la falta de rigor a la hora de actuar contra los principales contaminadores, y la directiva de la UE exige medidas disuasorias más contundentes. Sin embargo, la falta de umbrales cuantitativos claros, de excepciones «de minimis» y de una redacción legislativa inequívoca para la agricultura de subsistencia deja mucho margen para el miedo, la confusión y una aplicación inconsistente de la ley en cuanto los fiscales empiecen a usar términos como «susceptible» y «significativo» sobre el terreno. Hasta que el texto definitivo establezca protecciones explícitas para los pequeños agricultores y los hogares rurales, la brecha entre lo que prometen los responsables y lo que realmente dice la ley seguirá alimentando la desconfianza.