Subscribe
Desde la caída del régimen comunista en 1989, Rumanía ha alcanzado la deuda externa más alta de su historia. Para Rumanía, el año pasado fue la guinda del pastel de la realidad económica, una realidad extremadamente dolorosa que, unida a un déficit presupuestario del 9,3% del PIB y a un endeudamiento de 200.000 millones de euros (50.000 millones sólo en 2024), ha convertido a Rumanía en el Estado miembro de la UE más endeudado. Un aspecto que no puede pasarse por alto es el hecho de que, sólo este año, Rumanía ha pedido prestado 1.000 millones de euros cada 10 días (9.000 millones de euros en los 3 primeros meses). Con este déficit presupuestario récord, Rumanía encabeza una indeseable clasificación de la Unión Europea, seguida de Polonia y Francia. A pesar de las promesas del gobierno, los compromisos internacionales y las medidas puntuales aplicadas tardíamente por la coalición gobernante, el desequilibrio estructural de las finanzas públicas se ha agravado recientemente, generando un clima de incertidumbre fiscal que pone en entredicho la estabilidad económica de Rumanía, que corre el riesgo de alcanzar la calificación de «basura» en los próximos años.
Un déficit elevado es sintomático de una política económica sin brújula
Según los últimos datos oficiales, Rumanía cerrará 2024 con un déficit presupuestario estimado del 9,3% del producto interior bruto (PIB). Como ya se ha dicho, es el más alto de toda la Unión Europea. Por ello, este desequilibrio presupuestario no es un simple indicador económico, ya que refleja profundidades estructurales, ineficiencias administrativas y, sobre todo, una incapacidad crónica de la actual clase política para aplicar verdaderas reformas económicas en un clima electoral tenso. Un déficit tan elevado indica que el Estado rumano gasta mucho más de lo que puede recaudar. Éste es el resultado de las políticas populistas aplicadas durante la campaña electoral, en las que las promesas de aumentos salariales y de pensiones, junto con las exenciones fiscales electorales, no están respaldadas por una base de ingresos real y sostenible. El problema se agrava aún más por el hecho de que el déficit presupuestario de Rumanía va unido a un aumento acelerado de la deuda pública. De un nivel del 35% del PIB en 2019, Rumanía ha alcanzado una deuda externa de casi el 55% en sólo cinco años. Si esta trayectoria continúa, sin ajustes significativos, el país corre el riesgo de superar el umbral crítico del 100% del PIB en la próxima década, una peligrosa espiral que podría desembocar en una crisis de financiación y en la pérdida de confianza de los inversores.
El modelo económico de Rumanía está agotado
La principal fuente del desequilibrio fiscal es la arquitectura económica de Rumanía. El modelo de crecimiento basado en el consumo, apoyado en las importaciones y los déficits estructurales, ha mostrado sus límites y ha llegado implícitamente a su límite. Mientras que otros países de la región han aprovechado las inversiones públicas y los fondos europeos para desarrollar sus infraestructuras y su capacidad productiva, Rumanía ha fracasado a la hora de transformar los impulsos de crecimiento económico en desarrollo sostenible. Los rígidos gastos públicos, como los salarios y las pensiones del sector público, especialmente las pensiones especiales, han llegado a consumir más del 90% de los ingresos recurrentes del Estado. Esto deja poco margen para la inversión o la respuesta a la crisis. Además, el aplazamiento de las reformas fiscales, por miedo al impacto electoral negativo sobre los gobernantes, agrava la vulnerabilidad presupuestaria. La subida del IVA o la introducción de un tipo fijo sin excepciones son soluciones sistemáticamente evitadas por los gobiernos, aunque estas medidas parezcan inevitables en el próximo periodo.
El fracaso de la reforma fiscal y los costes de retrasar medidas impopulares
Rumanía se ha comprometido ante la Comisión Europea a reducir gradualmente su déficit por debajo del 3% del PIB en los próximos siete años, a cambio de flexibilidad presupuestaria para permitir la inversión. Pero la reforma fiscal, inicialmente prevista para abril de 2025, ya se ha pospuesto (la causa principal son las elecciones presidenciales de mayo) hasta enero de 2026, lo que indica una falta de voluntad política y la ausencia de una estrategia coherente por parte de la actual coalición gobernante. En lugar de un paquete completo de medidas, se han introducido cambios menores: un aumento del impuesto sobre los dividendos, del impuesto de sociedades y la restricción de las exenciones fiscales en determinados sectores (TI, agricultura y construcción). Estas medidas han aportado unos ingresos modestos, insuficientes para cubrir los agujeros causados por la expansión del gasto público.
Los análisis del Erste Bank y del Consejo Fiscal advierten de que Rumanía corre el riesgo de sufrir una auténtica «curva de sacrificio», similar a la de 2009-2010, pero esta vez sin la protección de un acuerdo con el FMI. Las agencias de calificación ya han reaccionado: las tres principales instituciones -Fitch, Moody’s y S&P- han rebajado la perspectiva del país, lo que indica una posible degradación a la categoría de bono basura.
Un contexto político tóxico
El año 2024 estuvo marcado por una gran inestabilidad política. Se cancelaron las elecciones presidenciales, lo que provocó reacciones internacionales negativas sobre el Estado de derecho en Rumanía, los escándalos internos en la coalición gobernante y una oposición fragmentada provocaron el aplazamiento de las medidas económicas. En un clima así, cualquier intento de reforma fiscal de gran alcance resulta extremadamente difícil. El gobierno, más preocupado por mantener el apoyo electoral que la estabilidad macroeconómica, ha preferido posponer las decisiones difíciles, alimentando una espiral de incertidumbre. Esta volatilidad política ha tenido un eco directo en los mercados financieros internacionales: los rendimientos de los bonos del Estado han aumentado y Rumanía ha tenido que endeudarse a tipos de interés cada vez más altos. Las previsiones económicas para 2025 son sombrías. Las necesidades de financiación superan los 50.000 millones de euros, una suma enorme que ejerce una presión adicional sobre el ya frágil presupuesto.
Rumanía tiene el mayor déficit por cuenta corriente de la UE
El déficit por cuenta corriente es la segunda bomba de relojería para la economía rumana. Además del déficit presupuestario, Rumanía también tiene el mayor déficit por cuenta corriente de los 27 países de la UE. La creciente diferencia entre importaciones y exportaciones apunta a una profunda vulnerabilidad de la economía real: falta de competitividad y excesiva dependencia del consumo interno. Esta doble deficiencia, fiscal y exterior, dibuja un panorama alarmante que debería movilizar a las autoridades para que actúen con rapidez y coherencia.
Escenarios para el futuro: ajuste doloroso o reinvención económica
Rumanía tiene esencialmente dos opciones para reequilibrar la economía. La primera es un ajuste duro, impuesto desde el exterior, mediante rebajas de la calificación, cuellos de botella en la financiación o incluso una nueva crisis económica como la de 2009. Este escenario implica recortes repentinos del gasto, subidas de impuestos y una fuerte caída del nivel de vida. La segunda opción es una reforma interna en la que el gobierno reestructure el presupuesto, racionalice la recaudación de impuestos, reduzca el despilfarro y reoriente los fondos públicos hacia la inversión productiva. Esta reinvención económica debería tener tres pilares. El primer pilar sería la reforma del sistema fiscal, con la eliminación de exenciones y un reequilibrio de la carga impositiva. El segundo pilar sería la digitalización de la administración pública para luchar contra la evasión fiscal y aumentar la eficacia recaudatoria. El tercer pilar de la reinvención económica sería la reorientación de las políticas de gasto, centrándose en la inversión, la educación y las infraestructuras.
Rumanía en un contexto económico internacional frágil
A escala mundial, las tensiones comerciales por los aranceles con EEUU, las reconfiguraciones geopolíticas y el creciente proteccionismo están afectando a las exportaciones y a las perspectivas de crecimiento de los países emergentes. Para Rumanía, que depende del comercio y de la financiación exterior, estos acontecimientos pueden amplificar los riesgos. Moody’s advierte que sin diversificación económica y una estrategia coherente de atracción de inversiones, Rumanía corre el riesgo de ser cada vez más irrelevante económicamente en la región. Una crisis previsible y una oportunidad histórica El déficit récord de 2024 no es sólo una cifra, es la señal de una crisis inminente, pero también una oportunidad para reajustarse. Rumanía sólo podrá evitar el desastre si emprende con valentía y responsabilidad reformas económicas que pueden ser dolorosas pero necesarias. La historia reciente ha demostrado que evitar la verdad económica conduce al colapso. Por el contrario, afrontar la realidad con lucidez puede restablecer la confianza de los inversores y la esperanza de los ciudadanos.
Las elecciones presidenciales de mayo de 2025 serán una prueba no sólo política, sino también económica. ¿Será capaz Rumanía de superar los intereses del momento y construir un camino sostenible? ¿O volveremos a posponer decisiones difíciles, llevando al país al borde del abismo? La respuesta a esta pregunta decidirá el futuro de toda una generación.
Rumanía 2009 frente a Grecia: dos crisis, dos lecciones
Para comprender plenamente los riesgos actuales y el camino que está siguiendo Rumanía, es esencial echar la vista atrás y analizar cómo reaccionaron otros países europeos ante crisis similares. Para ello, hemos considerado dos ejemplos evidentes: Rumanía en 2009-2010 y Grecia en 2010-2018. Aunque ambos países se vieron gravemente afectados por la recesión, las decisiones tomadas y el tratamiento aplicado por los acreedores internacionales fueron fundamentalmente diferentes.
En 2009-2010, Rumanía apostó por la austeridad, no por la reestructuración. La crisis financiera mundial de 2008 golpeó con extrema rapidez a la economía rumana, que ya se enfrentaba a un creciente déficit presupuestario y a un frágil modelo económico basado en el consumo y la inversión especulativos. Para reactivar la economía, el gobierno rumano firmó en 2009 un acuerdo de préstamo por valor de unos 20.000 millones de euros con el FMI, el Banco Mundial y la Comisión Europea. A cambio de estos fondos, el gobierno se vio obligado a aplicar un duro programa de austeridad. Este programa de austeridad supuso un recorte del 25% de los salarios del sector público, la congelación de las pensiones, el aumento del IVA del 19% al 24% y la supresión de miles de puestos de trabajo en la función pública. Las decisiones tomadas en 2009 fueron un punto de inflexión y dolorosas, pero a corto plazo tuvieron el efecto deseado: se redujo el déficit y los mercados financieros recuperaron la confianza. Pero el coste social ha sido enorme. El nivel de vida ha caído bruscamente, muchos ciudadanos han emigrado a países de Europa Occidental en busca de una vida mejor, y la confianza en el Estado se ha erosionado profundamente. Rumania no se benefició de ninguna reestructuración de la deuda como otros países de la UE. Las deudas se pagaron en su totalidad, con intereses. La austeridad fue la solución elegida por el gobierno de entonces, con resultados desiguales, pero sin la alternativa que se ofreció a otros en el mismo periodo.
Grecia: impago parcial y condonación de la deuda
A diferencia de la gestión que hizo Rumanía de la crisis económica de 2009-2010, Grecia, que se encontraba en una situación económica mucho peor en aquel momento, se benefició finalmente de una reestructuración masiva de la deuda. Así, desde 2010, el Estado griego ha recibido tres paquetes de rescate por un total de más de 300.000 millones de euros de la troika FMI-BCE-CE. Paralelamente, en 2012 se produjo el mayor recorte de la historia económica moderna: se eliminaron más de 100.000 millones de euros de la deuda pública de Grecia con acreedores privados. Esta reestructuración, combinada con reformas estructurales y un doloroso periodo de ajuste, permitió a Grecia evitar el colapso total. Paradójicamente, aunque las políticas de austeridad también fueron severas en este caso -con recortes salariales, subidas de impuestos y privatizaciones masivas-, el apoyo institucional que recibió Grecia fue muy superior al ofrecido a Rumanía. El FMI estaba dispuesto a aceptar pérdidas en Grecia, pero mantuvo la rigidez en Rumanía. ¿Por qué? La respuesta radica en gran medida en lo que está en juego a nivel geopolítico y sistémico. Grecia pertenecía a la zona euro, y un impago total habría sacudido toda la moneda única. Rumanía, como no miembro de la eurozona, fue tratada como un laboratorio de austeridad más que como un paciente del sistema.
¿Qué podemos aprender de estos dos casos?
La comparación pone de relieve dos modelos de gestión de la crisis. Rumanía optó por la disciplina fiscal a toda costa, soportando todo el coste del ajuste. Grecia obtuvo concesiones masivas, a pesar de unas políticas internas consideradas populistas e inestables. Esta diferencia debe plantear serias dudas a los responsables políticos actuales. Rumanía parece estar de nuevo al borde del precipicio presupuestario, pero el contexto geopolítico es diferente y la UE ya no concederá fácilmente indulgencia financiera. La lección importante es que, sin una verdadera reforma interna, ningún alivio de la deuda vendrá al rescate de la economía rumana.