La crisis existencial del sector pesquero irlandés

La industria pesquera irlandesa, piedra angular de las comunidades costeras del país y parte vital del tejido cultural y económico de la nación, se enfrenta a una crisis existencial. Para muchos, la Política Pesquera Común (PPC) de la Unión Europea, unida a los recortes de cuotas tras el Brexit y a la percepción de falta de medidas contundentes por parte de los sucesivos gobiernos irlandeses, sólo ha servido para agravar la sensación de crisis.

Desde restricciones draconianas de las cuotas hasta ayudas económicas inadecuadas e infraestructuras marinas deficientes, las políticas que rigen las aguas irlandesas amenazan el sustento de los pescadores y las pescadoras, llevando al borde del abismo a un sector ya asediado.

La PPC, concebida para regular la pesca en los Estados miembros de la UE, ha sido durante mucho tiempo una fuente de controversia para Irlanda. La política asigna cuotas basadas en patrones históricos de pesca, que favorecen desproporcionadamente a las naciones más grandes de la UE con flotas más industrializadas.

Como resultado, Irlanda, a pesar de que su vasta Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 200 millas abarca algunos de los caladeros más ricos de Europa, se queda con una fracción de las capturas. Como dijo el líder de un partido de la oposición irlandesa durante un reciente debate parlamentario, de los 1,6 millones de toneladas de pescado que se calcula que extraen anualmente las flotas de pesca pelágica de las aguas irlandesas, a Irlanda se le asignan apenas 60.000 toneladas, una cifra que ilustra crudamente la desigualdad en el corazón de la PPC.

Este desequilibrio se ve agravado por los recortes de cuotas posteriores al Brexit, que han erosionado aún más el acceso de Irlanda a sus propias aguas. De hecho, la retirada del Reino Unido de la UE dio lugar a una redistribución de los derechos de pesca, en la que Irlanda soportó una carga desproporcionada. Las disposiciones adoptadas como parte del Acuerdo de Comercio y Cooperación (ACC) entre la UE y el Reino Unido, en vigor a partir de 2021, reconfiguraron significativamente la gestión de la pesca en el Atlántico Nororiental. Esta política remodelada golpeó duramente a la pesca irlandesa, pues los informes sugieren que la cuota de la especie más lucrativa de Irlanda, la caballa, se redujo en un 26% para 2026, lo que equivale a una pérdida de entre 27 y 28 millones de euros. Fue un golpe devastador del que las pesquerías irlandesas nunca se han recuperado, ya que históricamente aproximadamente el 60% de las capturas de caballa de Irlanda procedían de aguas del Reino Unido, sobre todo alrededor de Escocia.

La crudeza de la situación ha vuelto a ser puesta de manifiesto recientemente por políticos irlandeses de la oposición, uno de los cuales ha señalado que muchos barcos irlandeses pueden agotar sus cuotas anuales en cuestión de semanas. Las embarcaciones costeras más pequeñas, que constituyen el 91% de la flota pesquera irlandesa, se enfrentan a retos aún mayores, con cuotas tan restrictivas que muchos pescadores siguen trabajando al borde de la ruina económica.

Las consecuencias son nefastas para las comunidades costeras, sobre todo en condados como Donegal, Cork y Kerry, impregnados de una larga historia de actividad pesquera.

Esto se aprecia claramente en el aumento del número de barcos que se dan de baja. La An Bord Iascaigh Mhara (Agencia de Desarrollo de los Productos del Mar) de Irlanda calcula que, en virtud del Plan de Cese Permanente Voluntario del Gobierno, los propietarios de barcos con una capacidad total de más de 6.700 toneladas brutas han aceptado ofertas para desmantelar sus buques. Sin embargo, An Bord Iascaigh Mhara insiste en que esto no afectará a la cuota global de Irlanda, sino que, en realidad, liberará unos 30 millones de euros de cuota de especies como la gamba, la merluza, el rape y el eglefino para los buques que permanezcan en la flota.

Este argumento ha sido rebatido enérgicamente por los operadores de barcos y los representantes políticos, que han insistido en que describir el programa de desmantelamiento como «voluntario» es, en el mejor de los casos, poco sincero, ya que se deriva de décadas de toma de decisiones políticas que han hecho que el sector sea esencialmente inviable desde el punto de vista financiero.

Esto también ha hecho que muchos jóvenes que antes deseaban retomar la tradición de la pesca en sus comunidades costeras se estén alejando ahora de la pesca como carrera viable.

La respuesta del gobierno irlandés a esta crisis ha sido descrita habitualmente por los defensores de la pesca como lamentablemente inadecuada. A este respecto, los parlamentarios irlandeses han señalado que, en 2024, la asignación presupuestaria para la pesca y el sector marisquero se redujo drásticamente de 335 millones de euros a 176,9 millones de euros, lo que supone una reducción de casi el 50%.

La respuesta del sector ha sido sugerir que un déficit de financiación de esta magnitud ha limitado inevitablemente la inversión en áreas críticas como la modernización de los buques, la formación de las tripulaciones y las infraestructuras marinas, aunque este punto ha sido cuestionado por los ministros del gobierno, que señalan el hecho de que en 2023 el gasto público en el sector de los productos del mar alcanzó la cifra récord de 416 millones de euros, un aumento del 63% respecto a 2022.

Sin embargo, sigue siendo cierto que esto se debió en gran medida a la Reserva de Ajuste al Brexit (BAR), de duración limitada, que financió programas para mitigar los efectos de la reducción de las cuotas pesqueras y la interrupción del comercio tras el Brexit.

Otra cuestión crítica es la ausencia de un régimen de subvenciones al combustible para los pescadores irlandeses. Los costes del combustible, que se han disparado en los últimos años, representan una parte importante de los gastos de explotación de los buques pesqueros. La Comisión Europea ha introducido excepciones en el marco del Fondo Europeo Marítimo de Pesca (FEMP) para permitir a los Estados miembros aplicar subvenciones al combustible, una medida adoptada por países como Francia y España. En Irlanda existe la firme opinión de que, mientras otras naciones han actuado con rapidez para apoyar a sus flotas, y algunas incluso han conseguido rondas de subvenciones adicionales, Irlanda, en cambio, no ha introducido un plan similar, a pesar de casi dos años de llamamientos de la comunidad pesquera y sus aliados políticos.

El Ministro de Agricultura, Alimentación y Asuntos Marítimos de la anterior administración irlandesa respondió a estas críticas insistiendo en que, en lo que respecta al combustible, el gasóleo marítimo es distinto de la mayoría de los demás combustibles, ya que no está sujeto a ningún tipo de impuesto, salvo el IVA, que puede reclamarse. Sin embargo, también aceptó que esto puede ser problemático para los pescadores más pequeños, porque puede que no estén registrados a efectos del IVA.

Esta inacción es especialmente desconcertante, dadas las claras disposiciones del FEMP que permiten a los gobiernos adoptar tales medidas. La falta de subvención del combustible coloca a los pescadores irlandeses en desventaja competitiva, obligándoles a soportar costes insostenibles mientras sus homólogos europeos se benefician de ayudas estatales. Para los pescadores de pueblos como Castletownbere, Bantry y Kinsale, este fracaso es un ejemplo más de un gobierno que parece indiferente a sus luchas.

Sin embargo, hay algunos indicios, aunque débiles, de que por fin se avecinan cambios positivos.

A principios de mayo, los representantes de la pesca y la transformación de marisco calificaron de positiva su primera reunión con el nuevo Ministro de Marina y sus funcionarios. El portavoz de Seafood Ireland, Dominic Rihan, declaró que en la reunión, a la que asistieron los cinco miembros de la alianza Seafood Ireland, también participaron representantes de la pesca de bajura, la transformación de marisco y la acuicultura.

Rihan afirmó que el ministro señaló su interés por ser «proactivo tanto a nivel nacional como europeo en cuestiones relacionadas con el sector pesquero y marisquero» y que, como resultado, «ahora somos más optimistas sobre el potencial de cambio positivo en Europa y aquí en casa».

También existe cierta esperanza de que el Comisario de Pesca de la UE para Irlanda, que tiene previsto visitar Irlanda en mayo, reconozca por fin la verdadera magnitud de la crisis.

Dicho esto, muchos miembros del sector pesquero no habrán olvidado una visita similar del antiguo Comisario de Pesca de la UE, Karmenu Vella, en julio de 2015. En aquel momento, el ex ministro irlandés de Asuntos Marítimos, Simon Coveney, manifestó su convencimiento de que la visita constituía una oportunidad muy valiosa para que las partes interesadas del sector pesquero dialogaran directamente con la Comisión de la UE sobre la importancia general de los asuntos marítimos para Irlanda y los retos y oportunidades de la aplicación de una Política Pesquera Común reformada.

Han pasado ocho años y parece que no se ha conseguido nada y que la Comisión de la UE sigue ignorando o, como mínimo, restando importancia a la magnitud de la crisis existencial que se cierne sobre el sector pesquero irlandés.

No cabe duda, pues, de que el sector pesquero irlandés se encuentra en una encrucijada crucial. La Política Pesquera Común de la UE, con su sesgado sistema de cuotas y los ajustes posteriores al Brexit, ha supuesto una presión insoportable para los pescadores y las pescadoras. Unido a los recortes presupuestarios del gobierno irlandés, a su incapacidad para introducir una subvención al combustible y al abandono de infraestructuras críticas, el sector se enfrenta a una tormenta perfecta de desafíos. Sin una acción rápida y decisiva, Irlanda corre el riesgo de perder una parte vital de su patrimonio y su economía.