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La Presidencia española del Consejo de la Unión Europea ha organizado una conferencia interparlamentaria sobre estabilidad, coordinación económica y gobernanza en la UE, celebrada recientemente en Madrid.
Entre las diferentes sesiones, la primera ha estado dedicada a los retos de la «gobernanza» europea, eufemismo para designar una forma de gestión difusa, con el fin de evitar el término «gobierno» y, a menudo, invadir competencias no atribuidas.
La excusa para tal cambio de «gobernanza» ha sido analizar los retos en el contexto de una deseada recuperación económica de la Unión Europea en el contexto internacional. La forma de hacerlo, presentada por la Presidencia española, ha sido fundamentalmente acrítica con la Comunicación 2022 de la Comisión Europea, en la que se hace una vaga referencia a potenciar el crecimiento económico inclusivo a través de inversiones estratégicas.
Sin embargo, la forma de controlar estas inversiones estratégicas sigue siendo un misterio. Hace muy poco, el diputado de ECR Jorge BUXADÉ preguntó a la Comisión Europea sobre la forma en que el Gobierno socialista-comunista de Pedro SÁNCHEZ en España había desembolsado 28 000 millones de euros en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), más otros 9 000 millones de euros de prefinanciación.
La sospecha de que se había producido un posible encubrimiento del desembolso de fondos comunitarios por parte del Gobierno español procedía de un informe del Parlamento Europeo del 16 de mayo de 2023, en el que la Comisión de Control Presupuestario ya expresaba importantes reservas sobre las supuestas inversiones justificadas por el actual Gobierno de Madrid.
En particular, el Sr. Buxadé solicitó a la Comisión que pidiera a la Ministra de Economía española, Sra. Nadia CALVIÑO, que especificara qué cantidad se había pagado realmente a los beneficiarios finales, dado que esta información se omitió en su carta de 9 de mayo de 2023 y el Parlamento seguía sin saber qué parte de la financiación asignada al Gobierno del Sr. Sánchez se había inyectado en la economía real.
Además, el político de VOX recordó que, en la reunión anual del Círculo de Economía de Barcelona del 31 de mayo de 2023, la Sra. Calviño había anunciado que solicitaría otros 94.300 millones de euros de financiación de la UE antes de las elecciones generales que se celebrarán el 23 de julio de 2023, la mayoría en forma de préstamos, que tendrían que ser devueltos por las próximas generaciones de España. Ni que decir tiene que ni antes ni después de la petición la Sra. Calviño ha explicado qué parte de la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ya desembolsada ha llegado realmente a los beneficiarios finales.
La respuesta del Comisario socialista Paolo GENTILONI sobre esas inversiones supuestamente «estratégicas» emprendidas por el Gobierno de izquierdas de Madrid no parece muy convincente. Según su razonamiento, el FRR permite que los pagos se realicen sobre la base de los planes de los Estados miembros y el Reglamento FRR «no exige a los Estados miembros que informen sobre la financiación desembolsada a los beneficiarios finales». En otras palabras, si el plan parece suficientemente estratégico, no hay necesidad de asegurarse de que se aplica correctamente; es decir, en realidad no hay control.
Además, el Sr. Gentiloni califica a España de «pionera en la aplicación del DRR», simplemente porque ha sido el primer Estado miembro que ha recibido pagos por cada una de las tres solicitudes que ha presentado a la Comisión. Por cierto, España ha batido un récord de paro con el actual gobierno «social», el más alto de toda la OCDE, por delante de Grecia, Costa Rica, Turquía y Colombia.
El Sr. Buxadé también preguntó por qué se habían rechazado las solicitudes de financiación de determinadas regiones, ya que esta cuestión también había sido planteada por la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. El Sr. Gentiloni se limitó a responder que, en el caso de España, así se había decidido en «conferencias sectoriales», sin ninguna explicación sobre el fondo.
Por último, el Miembro ECR recordó que el Gobierno español debería facilitar al Tribunal de Cuentas Europeo el acceso a los sistemas CoFFEE y Minerva, en aras de la prevención de conflictos de intereses a la hora de asignar los fondos de la UE. En su respuesta, una vez más, el Comisario Gentiloni eludió cualquier responsabilidad en nombre de la Comisión Europea, a pesar de la existencia de un Acuerdo de Financiación firmado entre la Comisión y el Reino de España.