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Editorial. En su reunión de Kilkenny (Irlanda), los conservadores debatieron las tensiones del actual enfoque europeo contra el calentamiento global. A un nivel más amplio, expresaron su malestar ante un enfoque ideológicamente arraigado que, bajo la etiqueta de políticas verdes, amenaza el futuro de importantes sectores, incluida la agricultura, mientras que el impacto final sobre el calentamiento global es discutible.
En todo caso, el planteamiento de la Comisión de publicar un número cada vez mayor de reglamentos socava las democracias nacionales y, con ello, el auténtico enfoque consultivo que debería estar en la base de cualquier innovación política relevante. Los agricultores, por ejemplo, han sido blanco de lo que perciben como una postura hostil por parte de algunos gobiernos que corre el riesgo de expulsarlos del mercado. La ironía de este planteamiento es que su producción perdida está siendo asumida por agricultores situados fuera de la UE que están encantados de compensar el déficit. Lo hacen basándose en las mismas (sub)normas que la UE dice querer combatir en sus propias políticas y normativas dirigidas a los agricultores y ganaderos europeos. A un nivel más estratégico, esta postura deja a la UE vulnerable ante autocracias extranjeras dispuestas -y ahora cada vez más capaces- de convertir en armas la seguridad alimentaria, así como las materias primas críticas necesarias para nuestra Transición Verde.
Frente a este planteamiento mal concebido, las conversaciones entre panelistas y delegados reunidos en Kilkenny pusieron de relieve la importancia de los cinco principios siguientes:
- Los conocimientos y la experiencia de los agricultores europeos en materia de agricultura sostenible deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar normativas y políticas.
- Dichos Reglamentos y/o políticas deberían centrarse en los incentivos y el cumplimiento voluntario en lugar de en la aplicación de normas redactadas por funcionarios a veces con escaso conocimiento del sector en cuestión.
- La agricultura sostenible debe beneficiarse de una mayor inversión en investigación e innovación, no sólo de una mayor regulación.
- Las nuevas medidas deben basarse en un análisis de costes y beneficios para garantizar su proporcionalidad y pertinencia.
- Cualquier evaluación de nuevas medidas debería ampliarse a la reacción de los agentes no regionales para evitar que los agentes no comunitarios se aprovechen de esas mismas medidas que perjudican a los agricultores de la UE.
Con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, estos Principios servirán de base a un programa pragmático y respetuoso con el medio ambiente que los Conservadores presentarán al electorado de la UE.