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La ciudadanía es el estatus más valioso que un Estado puede otorgar a una persona. Le confiere a uno una forma de pertenencia colectiva al Estado y a sus instituciones políticas. Sin embargo, aunque lo habitual históricamente era que las personas obtuvieran este estatus por su ascendencia o por haber nacido dentro de las fronteras del Estado, ya no es así. La naturalización, es decir, la posibilidad de que a un extranjero se le conceda la ciudadanía del país en el que reside, se ha vuelto más habitual. En Irlanda, se ha informado de que, desde 2011 hasta hoy, casi 235 000 personas han obtenido la ciudadanía mediante naturalización.
Para un país con una población de unos 5,5 millones de personas, no es nada sostenible que la ciudadanía irlandesa se reparta como si fuera confeti. Un punto clave de este debate de los últimos meses es que Irlanda no exige ninguna prueba de educación cívica, de idioma ni social como parte de su proceso de naturalización. Según la normativa actual, un extranjero solo necesita 5 años de residencia en el país para obtener la ciudadanía. Estas deficiencias indican que el sistema de ciudadanía irlandés simplemente nunca se diseñó pensando en medidas de protección para evitar que se abusara de él. Ahora, 22 años después de que los irlandeses votaran a favor de eliminar la ciudadanía por nacimiento de la Constitución del país, nos enfrentamos a otro problema más con la política de inmigración del Gobierno.
En 2004, el electorado irlandés decidió poner fin al derecho de ciudadanía por nacimiento (jus soli) para los niños nacidos en Irlanda de padres no irlandeses y sustituirlo por un sistema de ciudadanía por ascendencia, como el que se usa en gran parte de la Unión Europea. La causa inmediata de este referéndum fue el aprovechamiento de la normativa de inmigración de Irlanda mediante el uso de los «ancor babies» y el abuso de la complejidad que rodea a la concesión de la ciudadanía irlandesa a los niños de Irlanda del Norte, debido a que esta región está bajo jurisdicción británica.
Sin embargo, a pesar de ese cambio constitucional en las normas que regulan quién puede obtener la ciudadanía irlandesa, el país siguió mostrándose totalmente indiferente a cualquier reflexión sobre su proceso de naturalización. La razón, en aquella época, era que simplemente no era un tema lo suficientemente extendido como para que los holgazanes de la burocracia y la política irlandesa le dedicaran una investigación en serio.
Ahora, al reconocer que la ciudadanía irlandesa es demasiado fácil de conseguir para los posibles inmigrantes, el ministro de Justicia, Jim O’Callaghan, ha dicho que el Gobierno va a implantar un requisito de residencia de 8 años, además de exámenes obligatorios de educación cívica y de idioma. Los inmigrantes y la oposición de izquierdas han criticado estos nuevos cambios por considerarlos injustos, sobre todo porque las personas que estaban a punto de cumplir el antiguo requisito de 5 años de residencia ahora se enfrentan a una prórroga de 3 años.
El ministro de Justicia, con toda razón, rebatió estas afirmaciones diciendo que, para los inmigrantes que de verdad quieren hacer de Irlanda su hogar, una prórroga de tres años no debería suponer ningún problema. Sin embargo, a pesar de estas afirmaciones, también dijo que el Gobierno estaba barajando un «plan más generoso» para quienes se vean perjudicados por las nuevas normas que se van a introducir. Este año, las solicitudes de ciudadanía irlandesa se dispararon en septiembre hasta alcanzar las 8.765 tras el anuncio de los cambios. Teniendo en cuenta que en agosto se registraron 2.611 solicitudes, el aumento se sitúa en un 236 %.
El Gobierno conoce desde hace mucho tiempo los problemas relacionados con el laxo sistema de naturalización de Irlanda. En 2020, el Instituto de Investigación Económica y Social (ESRI), el principal centro de estudios y asesoramiento político del Estado, señaló que Irlanda ofrecía unas de las condiciones más favorables para los migrantes de toda la Unión Europea. En su análisis, el ESRI determinó que las principales razones para denegar una solicitud son el incumplimiento de los criterios de residencia y de los requisitos de buena conducta que exige el proceso irlandés actual. Como muestra de la falta de reflexión de Irlanda en sus trámites de ciudadanía, el Ministerio de Justicia no define qué es la «buena conducta» ni ofrece directrices sobre cómo debe interpretarse este término. A día de hoy, sigue sin haber una definición legal de lo que significa «buena conducta» para quienes pueden optar a la ciudadanía irlandesa.
La Red Europea de Migrantes de Irlanda, a través de su directora, Emma Quin, declaró al ESRI para su estudio de 2020 que, en Irlanda, «la ciudadanía se reconoce como una medida clave para apoyar la integración de los migrantes». El problema de esa mentalidad es que trata la integración como un proceso permanente sin un final definido, en el que la ciudadanía no es más que un paso vago. Hablando de la integración de los migrantes, otorgar el estatus y el honor de la ciudadanía irlandesa a una persona debería ser la medida definitiva en el proceso de integración. La ciudadanía, una vez concedida, es difícil de revocar, a menos que salgan a la luz pruebas de declaraciones fraudulentas realizadas a las autoridades durante el proceso de solicitud y que socaven la legitimidad de la solicitud del candidato. Por eso, el Gobierno irlandés hace bien en cambiar sus normas para que sean más restrictivas. Por desgracia, como ocurre con todas las políticas públicas irlandesas, están introduciendo una medida a medias que no resolverá los problemas fundamentales subyacentes.
La forma en que se entiende hoy la ciudadanía en Irlanda es totalmente diferente a la visión histórica que tenían sus fundadores cuando crearon el Estado. Los principios básicos de la ciudadanía en la nueva República de Irlanda quedaron perfectamente resumidos en la Proclamación de 1916, que declaraba el «derecho del pueblo de Irlanda a la propiedad de Irlanda y al control sin restricciones de su destino» y proclamaba además la creación de un Estado irlandés soberano con la lealtad de sus ciudadanos. En aquella época, estaba claro que el concepto de ciudadanía en Irlanda se limitaba a los hombres y mujeres irlandeses. Más tarde, cuando el Estado Libre de Irlanda tuvo que decidir cómo aplicar en la práctica los derechos de ciudadanía del nuevo Estado, acabaron optando por incluir a quienes tuvieran residencia habitual, además de ascendencia irlandesa. Esto se debió a las complejidades que entrañaba crear nuevas instituciones y procedimientos gubernamentales sin dejar de formar parte de la Commonwealth británica. Por eso, la concesión de la ciudadanía irlandesa a personas no irlandesas surgió, en un principio, de una visión de la relación geográfica y social de la nación con el pueblo británico, por no hablar del conflicto jurisdiccional sobre Irlanda del Norte. Esto mismo se refleja en la investigación reciente del ESRI: el estudio de 2020 sobre la ciudadanía irlandesa señala que los ciudadanos británicos se encuentran entre las tres principales nacionalidades de la UE que solicitan la ciudadanía, junto con los rumanos y los polacos.
Irlanda se ha vuelto a mostrar políticamente ingenua en lo que respecta a las competencias fundamentales de un Estado moderno. Los sucesivos gobiernos de Leinster House no han tratado este tema con la seriedad que merece, quizá porque al país le falta una verdadera participación ciudadana o orgullo por sus propias instituciones. Ya sea la crisis de la emigración de los años 50 y 60 o la crisis migratoria actual, Irlanda ha tenido que lidiar con movimientos de población de forma constante a lo largo de su historia moderna. A menudo, estos cambios demográficos han marcado las perspectivas económicas del país durante las décadas siguientes. Solo cabe esperar que la actual ola de inmigración sea temporal y que las nuevas restricciones frenen la llegada de nuevos residentes antes de que pueda traducirse en consecuencias económicas negativas; aunque ya hay indicios de que la crisis de la vivienda en el país se ha agravado por la irresponsabilidad demográfica del Gobierno.
En cuanto a por qué los políticos irlandeses se han mostrado tan intransigentes con el tema de la inmigración, solo se puede achacar a su ceguera ideológica ante las preocupaciones de la gente de a pie. Es una ironía de las que solo los políticos irlandeses son capaces: estar obsesionados con la idea de la «justicia» mientras se aseguran de no rendir cuentas, en la medida de lo posible, ante el público irlandés y sus intereses.