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Desde 2012, se ha producido una expansión de las llegadas de solicitantes de asilo e inmigrantes a la Unión Europea, pasando de algo menos de 41 millones durante ese año a los 100 millones actuales.
En lugar de limitar la tendencia, la UE ha decidido aumentar la financiación para hacer frente a esas llegadas. Sin embargo, un reciente estudio solicitado por la comisión LIBE del Parlamento Europeo ha demostrado que, debido a la multiplicación de fuentes y modalidades de financiación, es casi imposible evaluar el éxito o el fracaso de dicha financiación.
Incluso para el periodo caducado 2014-2020, el estudio afirma que «no es posible determinar cuánta financiación de la UE se ha gastado en apoyo del asilo, el desplazamiento forzoso y la migración fuera de la UE». Esto es bastante escandaloso. No existe ninguna pista en los archivos de la DG HOME de la Comisión Europea, ni tampoco un análisis a disposición del público de la gama de actividades relacionadas con el asilo, los desplazamientos forzosos y la migración financiadas por el presupuesto exterior de la UE.
En consecuencia, es inviable hacerse una idea exacta de cuánto dinero se ha asignado y a qué actividad concreta; de ahí el título de este artículo. En el actual periodo 2021-2027, la posibilidad de financiación de la UE se amplía aún más; pero sigue sin estar claro si se aplicarán los mecanismos de supervisión y salvaguardias pertinentes.
En concreto, durante el periodo 2014-2020, el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) prescribió una dotación financiera inicial de 3.100 millones de euros, aunque el presupuesto global más que duplicó esa cifra, hasta los 7.500 millones; el 39% de dicha cantidad fue gestionado por la Comisión Europea a través de su DG HOME, mientras que el 61% restante se asignó a programas nacionales.
Del presupuesto total, la mayor contribución se asignó al Fondo Fiduciario de la UE para África (EUTFA), que recibió un total de 135 millones de euros. Lamentablemente, el EUTFA no ha facilitado ninguna trazabilidad de los fondos a los proyectos.
Además del FAMI, el Fondo de Seguridad Interior – Fronteras y Visados (FSI-FV) aportó 3.000 millones de euros durante dicho periodo para el control de las fronteras exteriores. Sin embargo, hasta ahora la Comisión Europea no ha facilitado ninguna información sobre su uso fuera de la UE y tampoco lo ha hecho un número muy bajo de Estados miembros (11 de 27).
Al igual que con los Fondos de Asuntos de Interior, no se sabe cuánto dinero gastó la UE en actividades de asilo y migración fuera de la UE, ni cómo se gastó a través de los Fondos de Asuntos Exteriores. El estudio arroja un total estimado de 12.400 millones de euros, de los cuales la mayor parte se destinó a Turquía, África (a través del EUTFA) y Siria.
En cuanto a Turquía, el objetivo era hacer frente a la crisis creada por la situación en Siria, a fin de evitar los flujos migratorios irregulares hacia la UE. El país musulmán recibió 3.000 millones de euros del presupuesto de la UE, más otros 3.000 millones de contribuciones de los Estados miembros. Sin embargo, el gobierno turco no proporcionó ningún desglose de las asignaciones de fondos.
El Tribunal de Cuentas Europeo expresó su preocupación por la gestión de los fondos a través del EUTFA, otros 3.000 millones de euros. Supuestamente, la ayuda pretendía abordar las causas profundas de la desestabilización, los desplazamientos forzosos y la migración irregular. Se centraría en la región del Sahel y la zona del lago Chad, el Cuerno de África, el norte de África y los vecinos africanos de los países elegibles.
Para el periodo 2021-2027, los fondos totales estimados se han incrementado hasta la impresionante cifra de 191 400 millones de euros. Los Estados miembros han insistido en aumentar su supervisión y control. Hasta ahora, la eficacia ha estado en juego debido al limitado número de organizaciones que reciben financiación; esto es muy sospechoso.
El estudio también destaca algunas disfuncionalidades; por ejemplo, un elevado potencial migratorio de un país es un incentivo para solicitar ayuda internacional, incluida la de la UE. Otro ejemplo es la financiación de la compra de nuevas embarcaciones para los guardacostas turcos, con un coste de 30 millones de euros, que el gobierno de Turquía podría haberse permitido, sin ningún seguimiento significativo del impacto que la provisión de esas embarcaciones tuvo en relación con las personas desplazadas.
Todavía hoy, las ventanillas de África del Norte y el Cuerno de África no disponen de criterios documentados para seleccionar las propuestas de proyectos. En cambio, la Comisión Europea ha explicado que tiene en cuenta la pertinencia de cada propuesta para las estrategias regionales o nacionales, así como la experiencia específica y la presencia sobre el terreno de los posibles socios de ejecución. Esto suena bastante vago y poco convincente.
Todavía en 2018, el EUTFA seguía sin contar con un sistema de supervisión operativo. Cuando por fin entró en funcionamiento, el hecho de que incluir información no fuera una obligación hizo que no todos los socios ejecutores la incluyeran. Sin embargo, el dinero de la UE siguió fluyendo y sigue haciéndolo hoy.
Fuente: Noticias ONU