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A pesar de la creciente presión del bando liberal-progresista, el Tribunal Constitucional de Polonia ha dictado recientemente una sentencia que hay que valorar con gran admiración. La resolución del 28 de julio de los jueces constitucionales, que rechaza la inscripción en el registro civil polaco de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otros Estados de la UE, es verdaderamente histórica, y muy alentadora tanto para los conservadores como para los constitucionalistas. Independientemente de tus opiniones personales o de tu ideología, la Constitución polaca no deja lugar a interpretaciones ambiguas. El matrimonio es exclusivamente «la unión entre un hombre y una mujer», una definición que debería estar consagrada en la ley fundamental de todos los países de la UE.
En concreto, tras la decisión unánime de los jueces constitucionales, el Estado polaco no expedirá copias certificadas de uniones que no sean matrimonios —celebradas fuera de las fronteras de Polonia—. En su exposición de motivos, el Tribunal Constitucional explicó que la normativa emitida por el Ministerio de Asuntos Digitales —que habría permitido el registro formal de uniones entre personas del mismo sexo celebradas en el extranjero— es «incompatible» con las disposiciones constitucionales, y que su entrada en vigor violaría la Constitución polaca. Según el artículo 18 de la Constitución, «el matrimonio, como unión entre un hombre y una mujer, así como la familia, la maternidad y la paternidad, estarán bajo la protección y el cuidado de la República de Polonia». En el marco constitucional polaco, el matrimonio existe estrictamente entre un hombre y una mujer, y esta unión está protegida por el Estado. No hay nada que se pueda interpretar de otra manera; la decisión del Tribunal Constitucional estuvo bien fundamentada y fue justa, aunque la extrema izquierda progresista se esfuerce por «normalizar» estas anomalías.
La sentencia del Tribunal Constitucional llegó al final de un periodo complicado que empezó a finales de noviembre de 2025, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que todos los Estados de la Unión Europea deben reconocer los «matrimonios entre personas del mismo sexo» celebrados en otro Estado miembro. En aquel momento, se interpretó que esta decisión del TJUE iba dirigida directamente a Polonia, debido a que este país se negaba a registrar el certificado de «matrimonio» de dos hombres polacos que habían formalizado su relación en Alemania y posteriormente se habían mudado a Polonia.
Tras la sentencia del tribunal más alto de la UE, que obligaba a los Estados miembros a reconocer los «matrimonios entre personas del mismo sexo» registrados oficialmente en otro país de la UE, en marzo de este año, el Tribunal Supremo Administrativo de Polonia decidió que un «matrimonio» gay no entra en conflicto con la identidad nacional polaca y, por lo tanto, es aceptable. A raíz de esto, el Gobierno de Tusk, de centro-progresista, aprobó una ley que se suponía que entraría en vigor a finales de agosto. Sin embargo, a principios de junio, un grupo de diputados conservadores del antiguo partido en el poder, Ley y Justicia, recurrió ante el Tribunal Constitucional, cuya sentencia del 28 de julio —vinculante— causó un gran revuelo mucho más allá de las fronteras de Polonia.
Hace dos semanas, el presidente de la República, Karol Nawrocki, usó su derecho de veto para bloquear otro proyecto de ley del Gobierno que habría concedido a las parejas no casadas —lo cual, obviamente, iba dirigido a las parejas del mismo sexo— ciertos derechos y prestaciones reservados exclusivamente a las personas casadas. «Como guardián de la Constitución, no puedo aceptar una solución que socavaría el carácter especial del matrimonio», declaró el presidente Nawrocki en ese momento. Y puso fin a esa tontería, tal y como había prometido que haría.
Hay fuerzas tremendamente poderosas que están haciendo todo lo posible por socavar los valores cristianos y erosionar la gran institución del matrimonio: esa unión sagrada entre un hombre y una mujer. La postura firme e inquebrantable del presidente Karol Nawrocki y la histórica decisión del Tribunal Constitucional demuestran que Polonia sigue siendo un baluarte y que el artículo 18 de la Constitución polaca actúa como un escudo.
Pero la guerra aún está lejos de ganarse. Puede que los progresistas hayan perdido una batalla —una muy importante, sin duda—, pero seguirán atacando, porque no van a dejar de intentar imponer su ideología tóxica. Cueste lo que cueste.