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La Comisión Europea ha decidido que Malta será llevada ante el Tribunal de Justicia Europeo por el asunto de los «pasaportes dorados». A finales de 2013, en el Estado insular situado en el centro del mar Mediterráneo, entró en vigor una ley que concede la ciudadanía maltesa a quienes puedan pagar 650.000 euros, que se ingresarán en el Fondo de Desarrollo del Gobierno.
Esa suma era necesaria para obtener la ciudadanía, sin más inversión y sin obligación de residir en la isla. La ley, fuertemente deseada por el entonces Primer Ministro Joseph Muscat, tenía como principal objetivo disminuir el déficit público maltés: la estimación era de 30 millones al año.
Desgraciadamente, pagando esa gran suma de dinero, cualquiera podía obtener un «pasaporte dorado», que permitía derechos de residencia en cualquier Estado miembro de la UE.
La concesión de pasaportes y visados dorados es un sistema que también han adoptado otras naciones europeas en los últimos años, como Chipre, Bulgaria, Grecia o Portugal. Sin embargo, la adquisición de la nacionalidad maltesa mediante un simple pago al fondo gubernamental ha sido mucho más fácil que los marcos normativos aplicados por otros países.
Esto también provocó la aparición de varias investigaciones periodísticas, que sacaron a la luz escándalos embarazosos para la UE.
En 2019, dos periodistas de la agencia de noticias Reuters, a través de su reportaje de investigación ‘Khmer Riche. Cómo los parientes y aliados del líder de Camboya amasaron riquezas en el extranjero‘, describió cómo familiares y aliados del régimen camboyano amasaron decenas de millones de dólares en el extranjero gracias a los pasaportes de oro.
En otra investigación, en 2017, el diario británico The Guardian publicó una larga lista de beneficiarios de esta trama, entre ellos varios oligarcas rusos.
Malta dejó de conceder este privilegio a los ciudadanos rusos y bielorrusos, pero no arregló la estructura general de la ley que sigue vigente para los ciudadanos ricos de otras nacionalidades.
Ya en 2020, la Comisión envió una carta de emplazamiento a Malta, pidiéndole que pusiera fin a su programa de ciudadanía para «inversores». Posteriormente, la Comisión envió otra carta de emplazamiento a Malta el 9 de junio de 2021.
En marzo de este año, la Comisión de la UE y el Parlamento Europeo intensificaron la presión sobre la República de Malta, que se negó a publicar la lista de ciudadanos rusos que se beneficiaban de este sistema, amenazando con sanciones.
El PE declaró en un comunicado que los pasaportes dorados son «cuestionables desde el punto de vista ético, jurídico y económico, y conllevan numerosos y graves riesgos para la seguridad». El Parlamento Europeo también pidió la creación de nuevas normas comunes para hacer frente a los problemas de los sistemas de «ciudadanía y residencia por inversión» y para poner fin a lo que es de facto la oferta de venta de la ciudadanía de la UE.
Antes de llevar a Malta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Comisión Europea ha enviado a este país una última advertencia sobre el régimen del «pasaporte dorado».
La Comisión Europea considera que las disposiciones de Malta para la concesión de la ciudadanía son incompatibles con el apartado 3 del artículo 4 del Tratado de la UE, que establece el principio de cooperación leal. La Comisión también se refirió al artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece los derechos y deberes relativos a la posesión de la ciudadanía europea para los nacionales de los Estados miembros de la UE.
Durante casi una década, políticos corruptos, miembros de dictaduras sangrientas y organizaciones sospechosas de terrorismo han tenido un «caballo de Troya» en Europa. De este modo, han eludido las sanciones y los controles, blanqueando el dinero e invirtiéndolo, gracias a los privilegios de obtener la ciudadanía europea para ellos o sus testaferros, a través de programas de inversión.
Hoy esta fea historia parece llegar a su fin. Está claro que este tipo de procedimientos son peligrosos para la seguridad de la UE y de cada uno de los Estados miembros, especialmente en una época de crisis como la que estamos viviendo. También están degradando el gran privilegio de ser ciudadano europeo, que debe ser protegido y por el que muchas personas, que pasan por procedimientos «regulares» en los Estados miembros, llevan años esperando.
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